miércoles, 12 de abril de 2017

El castigo llegará

Por Fabiana Cruz para El Diario del Juicio

El día viernes 7 de abril, la sala del Tribunal escuchó en primer lugar el testimonio de Ramón Orlando Íñigo, declarante ofrecido por la defensa del imputado Francisco Camilo Orce. La historia de Íñigo es relevante para la defensa puesto que el hombre asegura haber estado presente el día del secuestro de la víctima desaparecida Víctor Hugo González. Contó que en aquella época (1975), trabajaba en la finca “La Favorina” como tractorista, y que González se había incorporado en la misma área hacía dos días, por lo que no pudo conocerlo bien. Un día en horarios de la siesta, se demoró cargándole combustible al tractor, fue en ese momento cuando vio a unos 15 metros que llegaban unos sujetos armados, quienes de inmediato pusieron cuerpo a tierra a Víctor, luego lo esposaron y se lo llevaron en un auto a lugares desconocidos hasta la fecha. Según un compañero de trabajo, se trataba de militares.
Íñigo se quedó callado luego de contar esto, como si no hubiera nada más por decir, por lo que la defensa de Orce (Nadia Orce –hija- y Facundo Maggio) le preguntaron si el imputado había sido uno de los hombres que participó en el secuestro que acababa de mencionar, a lo que el testigo respondió con énfasis que no. Seguidamente, la defensa introdujo otro tema, “¿La familia de Víctor Hugo se acercó alguna vez a usted?”, le preguntaron. Íñigo, nuevamente con energía, comenzó a explicar que la familia de los González intentó sobornarlo a él y a su esposa para que acusaran a Orce.
Aquella situación en la que el testigo parecía ser conducido por los abogados en sus respuestas, provocó reiterados enfrentamientos entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa, por lo que la sala del Tribunal estuvo en tensión por muchos minutos.
Cabe dar a conocer que el hermano de Víctor Hugo González, también fue secuestrado y es una víctima sobreviviente. En su denuncia, se señala que un día mientras estuvo detenido en la Jefatura de la Policía, el “Tuerto Albornoz”, reconocido imputado y condenado por delitos de lesa humanidad, le había anunciado que su hermano ya había sido “boleta”. Hasta el día de hoy Víctor Hugo González continúa desaparecido.
Francisco Camilo Orce, ex comisario acusado por estos dos casos (Víctor Hugo y Héctor Ricardo González), ha sido protagonista en las últimas audiencias que tuvieron lugar en el Tribunal Oral Federal de Tucumán. Son varios los testigos que lo han reconocido como responsable de la desaparición de Víctor Hugo y del secuestro de su hermano. Así también, se ha señalado en más de una ocasión, que el actual imputado en esta megacausa, realizó persecuciones a los testigos y ha intentado sobornarlos en ocasiones (a través de sus allegados) ofreciéndoles dinero para que adulteraren las declaraciones que lo complican. Otro detalle importante en lo que va del año, es la reciente asistencia al Tribunal de su amigo Ricardo Bussi, hijo del ex represor condenado Domingo Bussi ya fallecido. Ricardo estuvo acompañado de carteles que negaban el número de desaparecidos y también de otras provocaciones de la misma índole, a sólo unos días de conmemorarse la fecha por la Memoria, Verdad y Justicia.  No es tampoco menor recordar que Francisco “Pancho” Orce es un referente de la “mano dura” en Tucumán junto al Malevo Ferreyra, quien se suicidó para evitar su juicio en la megacausa del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga.
El Diario del Juicio Tucumán, ha cubierto recientemente otros relatos de testigos que vinculan a Orce con la brutalidad y el genocidio de la época más nefasta de la provincia:
El segundo testigo de la mañana fue Osvaldo Humberto Pérez, quien ya declaró en juicios anteriores. A través del sistema de videoconferencia, pudo escucharse el relato del hombre desde la provincia del Chaco.
Osvaldo Pérez estuvo detenido ilegalmente y compartió cautiverio con Alberto Alfredo Núñez en el CCD conocido como “El Reformatorio”. No recuerda haberlo visto a Núñez, ya que todos estaban vendados, pero allí se enteraban de los nombres de otras personas gracias a comentarios que se hacían por lo bajo cuando los militares/policías no se encontraban cerca. En su relato, recordó también las sesiones constantes de tortura en donde el maltrato físico era lo primordial, y las salas de interrogatorio que se caracterizaban por el famoso método denominado “submarino” (picana e inmersión en el agua).
También estuvo detenido en Arsenales, en donde supo que estuvo secuestrado también Mario Ernesto Medina. Este último fue capturado y denigrado por las fuerzas represivas, especialmente por el actual imputado José Roberto Abba, quien tenía la particularidad de llevar siempre consigo un llavero con el símbolo de la esvástica. Medina, dio a conocer su historia hace menos de un mes, la cual puede encontrarse en:

El juicio más grande del Noroeste Argentino vinculado a crímenes de lesa humanidad está llegando a su fin y faltan pocos testimonios por ser escuchados. Se espera que la justicia actúe correctamente luego de haber escuchado cientos de testimonios pidiendo Nunca Más.

jueves, 6 de abril de 2017

Hostigamiento de testigos

Por Marcos Escobar para El Diario del Juicio
La situación de terror generalizado a veces es difícil de imaginar en su totalidad. Hoy en día la violencia policial y el silencio que se busca imponer utiliza métodos similares a los que ya usaban las fuerzas de seguridad en la década del 70, con la salvedad de que quizás hoy el desarrollo de las tecnologías de comunicación permite que las víctimas puedan dar a conocer su caso más fácilmente.
En 1975 el propio Estado había comenzado a encarar un proceso legal y discursivo que buscaba establecer la represión de la sociedad mediante dos actividades principales: por un lado un fuerte control dentro de un marco legal, y por otro, un ataque directo contra la integridad física de las personas. Ambas formas de proceder se articulaban, incluyendo no solo a los responsables directos, sino también a las instituciones. La policía, las fuerzas armadas, el sistema carcelario y el sistema judicial funcionaban como un conjunto de burocracias articuladas, creando mediante esta doble actividad paralela, el terrorismo de Estado. La violencia a plena vista de la población, el hostigamiento y la violencia clandestina creaban un escenario de terror que funcionaba como herramienta de dominación social y así también como método de tortura psicológico, el cual afectaba tanto a víctimas como a sus seres queridos y amedrentaba a posibles testigos.
Francisco Camilo Orce está imputado en la megacausa Operativo Independencia por el secuestro y tortura de Víctor Hugo (desaparecido) y de su hermano Héctor Ricardo González. Los testimonios permiten reconstruir su historia sin demasiados problemas. Ambos vivían cerca de Ranchillos para 1975, en El Empalme, un poblado pequeño, de tres mil personas aproximadamente, en donde los vecinxs “eran siempre gente conocida”.
Un primo de los González, Luis Alberto, afirma que el secuestro de sus familiares fue el 19 de agosto de 1975. Él se encontraba trabajando en su taller mecánico cuando su tío, Celso Oscar González, llegó para pedirle que fuera a la casa de su otro tío, padre de Víctor Hugo y Ricardo. “La Federal anda con Orce, ya lo agarraron a Ricardo, andá a avisarle al Tío Víctor, yo me voy a avisarle a Huguito.” El testigo, al salir en su motocicleta, pasó por enfrente de la casa de sus primos y pudo ver como Ricardo era cargado, atado de manos y vendado, en un Ford Falcon verde. Los secuestradores iban vestidos con ropa de civil y la cara cubierta, excepto uno, Camilo Orce, a quien el testigo conocía de hacía años por ser vecinos y por haber sido compañeros en la escuela.
González pudo llegar a advertir a su tío para que escapara, pero Celso no llegó a tiempo para alertar a Huguito. Éste fue secuestrado de la finca “La Favorina”, donde estaba trabajando.
Víctor Hugo, Huguito, fue asesinado en la La Escuelita de Famaillá. Su hermano, Héctor Ricardo sobreviviría a las torturas y posteriormente quedaría a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, siendo trasladado a Villa Urquiza y otras cárceles del país. Sería liberado bajo libertad condicional en 1982.
La audiencia del jueves  30 de marzo estuvo llena de discusiones, y el debate fue especialmente áspero, en principio porque todos los testigos fueron llamados en relación a las dos causas que se le imputan al ex comisario Camilo Orce, quien cuenta con una defensa privada conformada por su propia hija y el Dr. Facundo Maggio, reconocido defensor de represores como Ernesto Arturo Alais, Carlos Eduardo Trucco y el capellán José Mijalchyk.
Gran parte de las discusiones se relacionan con el hecho de que tres de los testigos denunciaron haber sido amenazados para que cambiaran sus declaraciones.
Orlando Argentino González dio su testimonio durante esta audiencia. Su historia es conocida. Su caso fue tratado en la causa que juzgaba los crímenes cometidos en el Centro Clandestino (CCD) Arsenal Miguel de Azcuénaga, de donde es sobreviviente. Su testimonio en ese momento causó especial conmoción, ya que desapareció el día que había sido llamado a declarar. Fue encontrado en la casa de un pariente, después de catorce horas de rastrillaje. Ya en ese momento el juez a cargo de la causa, Daniel Bejas, relata al diario Página 12  “lo que pasó durante estos días se lo puede resumir como una situación de estrés y confusión vivida por esta persona que fue objeto de amenazas de parte de allegados a Orce”.
En su relato, el testigo afirma que fue el mismo Orce quien lo golpeó y torturó para obtener información sobre Víctor Hugo González (padre) y su familia. También informó que en una ocasión su primo, Avelino González, se acercó para ofrecerle la suma de $15.000 de parte de Pancho Orce a cambio de alterar su denuncia.
El siguiente testimonio fue el de José Valentín Aguirre, quien fue escuchado a través de videoconferencia desde Buenos Aires, donde vive desde hace varios años, ya que debió huir de la provincia a causa de las persecuciones que sufría. Aguirre fue íntimo amigo de Víctor Hugo, lo recuerda como una persona sumamente inteligente, capaz, trabajadora y militante. Después de muchos años refugiado en Buenos Aires, pudo contactarse con Ricardo, luego de que este fuera liberado. Le contó que tanto él como su hermano habían sido llevados a La Escuelita de Famaillá y reconoció a Camilo Orce como su secuestrador, y también como uno de sus torturadores en ese lugar.
El testigo también pudo hacer referencia a su propio caso, el cual se relaciona directamente con los hermanos González y con el imputado. “Al día siguiente del secuestro de los González, la policía v a buscarme a mi casa, pero no me encuentra. Mi madre me contó el episodio y decidimos abandonar la casa. Nos mudamos con ella y mi esposa a la Banda del Río de Salí. Al poco tiempo me lo encuentro a este señor, Camilo Orce, por la calle. Iba vestido de civil. Me reconoce y me empieza a gritar, me quiso detener, pero yo me escapé. Mientras corría pude escuchar balas que pasaban cerca de mi oreja. Tuve que escapar definitivamente a Buenos Aires con mi señora, y dejar a mi madre viviendo con una prima de ella. Perdió su casa en El Empalme, nunca pudimos recuperarla.”
En el año 2009, el señor Aguirre declaró en Tucumán por una causa relacionada a Orce. El 3 de febrero de ese año, el testigo pudo ver al salir del tribunal que un hombre le sacaba fotos, y que incluso vio a Pancho parado en la vereda de enfrente.
En 2010 denunció ante el tribunal de Morón que había sido víctima de hostigamiento. En esa ocasión se encontraba regresando a su casa en la provincia de Buenos Aires cuando un hombre con lentes oscuros se bajó de un auto y le dijo “Olvidate el tema que tenés en Tucumán”.
El primo de los hermanos González, Luis Alberto, quien pudo ver a Ricardo siendo secuestrado por Orce y otros hombres encapuchados, afirmó en su testimonio que la hija de Pancho en persona fue a buscarlo a su casa acompañada de dos policías. Uno de ellos llamado José Albornoz. La abogada (actual defensora del imputado) le habría pedido al testigo que levantara la denuncia y le ofrecía dinero para que cambiara su declaración. También afirmó que tiene una grabación de dicha conversación.
Al momento de hacer preguntas, la defensa privada de Orce intentó confundir al señor González, al punto de que el mismo testigo exclamó “Me parece que usted me está enredando”. La abogada Orce culminó su interrogatorio amenazando al testigo con iniciar una causa por falso testimonio.

miércoles, 5 de abril de 2017

"La verdad saldrá a la luz"

Por Exequiel Arias para El Diario del Juicio

Ph Elena Nicolay
“No tenga miedo señor Fiscal, la verdad saldrá a la luz”, esa fue la expresión -cargada de una ironía intempestiva- de la abogada Nadia Orce, defensora e hija de Francisco Camilo Orce, quien se encuentra actualmente como imputado en la megacausa Operativo Independencia. La audiencia del jueves 30 tuvo como protagonistas a los testigos que conocieron a Víctor Hugo y a Ricardo Héctor González, víctimas del terrorismo de Estado que se desató en el ’75 y que conecta a Orce como autor material y partícipe necesario de los delitos en perjuicio de ambos.
Orlando Argentino González fue uno de los testigos que prestó declaración en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal. Su testimonio se dio en un contexto inesperado para los que acostumbramos a asistir a las audiencias: sorprendió la convocatoria de amigos y familiares del imputado Orce (entre ellos, Ricardo Bussi, hijo del fallecido represor, torturador y asesino Antonio Domingo), además de la agitación de flamantes nuevas banderas con slogans del tipo “Nunca fueron 30000”. No es casual que esta repudiable manifestación se diera a menos de una semana de la multitudinaria marcha del 24 de marzo, la cual convocó a más de 15.000 personas en la plaza principal de Tucumán y que tenía entre sus lemas “SON 30.000, FUE GENOCIDIO”. Al respecto, la Dra. Inés del V. Lugones calificó -acertadamente- de impertinentes y provocativos los carteles expuestos por las señoras de los defendidos. En consecuencia, el Tribunal resolvió que se retiren los mencionados argumentando que desde el origen del juicio “se asentó que no hubiera carteles con consignas y se limitó a aceptar las fotografías de presuntas víctimas”.
“¿Tiene usted algún impedimento para testificar en esta causa?”, interrogó el presidente del Tribunal Gabriel Casas al testigo. La abogada Julia Vitar, representante del Ministerio Público Fiscal, fue la que continuó el interrogatorio. Orlando Argentino al Tribunal que en el año ’75 vivía en La Favorina, Ranchillos, y que trabajaba pelando caña. Relató que conocía a Víctor Hugo y a Héctor Ricardo de la infancia porque “se habían criado juntos” y que ambas víctimas trabajaban también en la caña de azúcar. Sobre la detención, contó que fueron a buscar a Víctor Hugo en un cargadero de La Favorina y se lo llevaron secuestrado. Con respecto a Ricardo Héctor, el testigo dice que no recuerda los detalles de su detención. Orlando Argentino se refirió a la situación de los hermanos en el pueblo y recordó que la policía los estaba buscando. “Todo se sabe en el campo”, sentenció.
El testigo contó que él mismo estuvo detenido en la comisaría de Ranchillos, donde sufrió los conocidos “interrogatorios” que impulsara el aparato represivo del Estado en aquella época. González relató que en dicho establecimiento fue víctima de golpizas por parte de Orce, a quien conocía del pueblo. “Casi me mató a garrotazos, a golpes”, dijo. También contó que estaba con los ojos vendados y los pies atados con alambres. “Yo lloraba de dolor y me ardían los ojos, no aguantaba las vendas porque me quemaban”, narró.
Más adelante, también relató que sufrió amenazas e intimidaciones. Además, indicó que el “Pancho” Orce le ofreció dinero -a través de un primo suyo- para cambiar su declaración. “Me ofreció 15000 pesos”, relató. La abogada Vitar explicó a los magistrados del Tribunal que en la denuncia hecha por el testigo -y que consta en su expediente- se lee que una mujer de nombre Marta Medina también le ofreció dinero para cambiar su declaración y que, debido a esa situación, González pasó a formar parte del programa de protección a testigos en el año 2009

lunes, 27 de marzo de 2017

La Escuelita del horror


Por Sofía Romera Zanoli para El Diario del Juicio
"Recorrieron el sitio donde estuvieron secuestrados durante el Operativo Independencia"

El Tribunal Oral Federal (TOF)  llevó adelante una inspección ocular en “La Escuelita de Famaillá” que funcionó como primer centro clandestino de detención del país identificado por la Conadep, para que los testigos sobrevivientes  pudieran reconocer el lugar donde estuvieron secuestrados y fueron torturados durante el Operativo Independencia.

Ph Sofia Romera Zanoli
Miguel Martínez, uno de los testigos víctimas fue secuestrado el 11 de marzo de 1975 por un grupo de militares y permaneció alrededor de 40 días en cautiverio en La Escuelita, “me ingresaron por el portón que está en la parte de atrás y luego me llevaron a un aula (que aún se encuentran en el lugar) donde el fotógrafo me sacó una foto”. Luego Martínez recordó que lo llevaron a un sector de la galería, donde le  sacaron la venda para hacer que reconozca el cuerpo de un joven, que estaba en el piso, sobre una chapa y que tenía marcas de quemaduras, el hombre era Pepe Bulacio del Ingenio Lules, a quien él conocía.
“Nos ponían en aulas con los ojos vendados y la manos atadas” señaló Fermín Núñez, otra de las víctimas y agregó que “para comer nos sacaban de las aulas esposados  hacía un descampado (actualmente se encuentra separado con una pared) y teníamos que comer con la mano”.
Ph Sofia Romera Zanoli
Había personas vestidas de civil y otras con uniforme militar, se llamaban por  apodos y se  comunicaban con otras bases a través de una radio. Los turnos de vigilancia eran de 12 horas comenzaban a las 7  y terminaban 19. Los presos estaban identificados con números o cintas de colores, coincidieron los testigos en su relato. Juan Nicolás Vázquez indicó al tribunal que la primer aula del pasillo se encontraban mujeres, “dos o tres de ellas estaban embarazadas y en las otras aulas estaban los hombres, también había armas y banderas”.

Ph Sofia Romera Zanoli
En una oportunidad lo mandaron a limpiar los baños (que hoy siguen en funcionamiento) contó  Vázquez, en uno de ellos, el de hombres, tuvo que higienizar a un detenido de apellido Maciel que se encontraba en el suelo y en muy mal estado.

R.C. (testigo de identidad protegida) relató “cuando llegué a La Escuelita me llevaron a una oficina, me sacaron una foto y me interrogaron, luego me pusieron en un aula (aún sigue en pie) donde estaba sola, me dieron una pastilla y abusaron de mí”.

Ph Sofía Romera Zanoli
Los testigos coincidieron que al final del pasillo se encontraban las aulas que se utilizaban como salas de torturas, allí había una parrilla donde los acostaban los ataban los pies y las manos y le aplicaban la picana eléctrica. “Cuando nos torturaban ponían música fuerte para que no se escuchen los gritos”, señaló Gustavo Holmquist.

El juicio continuará el próximo jueves 30 en la sala de audiencias del TOF con declaraciones de los testigos.  El secretario Mariano García Savalía informó que el tribunal pudo escuchar las declaraciones de más 350 testigos relacionadas a las causa de las 271 víctimas y  “se calcula que en aproximadamente 5 semanas se estaría concluyendo con la recepción de la prueba testimonial propuesta por el Ministerio Público Fiscal”.






sábado, 25 de marzo de 2017

Por la Memoria, la Verdad y la Justicia


Por Fabiana Cruz para El Diario del Juicio
Roberto Heriberto Albornoz está acusado como: “autor material de delitos cometidos en perjuicio de 35 víctimas, como autor mediato por 174 casos de violación de domicilio, 230 casos de privación ilegítima de la libertad con apremio y/o vejaciones, 220 casos de aplicación agravada de torturas y 129 casos de homicidios triplemente agravados. Deberá responder, además, como partícipe necesario de delitos sexuales en perjuicio de 16 víctimas”.
El día viernes 17 de marzo se escucharon los relatos en el TOF (Tribunal Oral Federal) de diferentes casos en los que se encuentra directamente implicado Albornoz, quien se encuentra bajo prisión domiciliaria.
Por videoconferencia, se escuchó la voz de Benigno Alberto Pereyra desde la provincia de Tierra del Fuego, un hombre que hoy tiene 60 años y es empleado público. Él y su tío Ángel Oscar Villavicencio fueron secuestrados durante el Operativo independencia en el año 1975 en la provincia de Tucumán.
En aquella época y antes de las circunstancias funestas, Benigno vivía en la localidad de San Pablo. Su vida fue completamente alterada un día de marzo en el que se encontraba durmiendo, cuando un conjunto de sujetos ingresó por medio de la violencia en su domicilio y lo golpeó hasta el cansancio, para luego subirlo a un vehículo y trasladarlo a lugares, en ese momento, inciertos. Pereyra, apoyándose en la memoria que iba recobrando de momento, afirmó que quienes lo detuvieron eran miembros de la Policía Federal y que pudo identificarlos de inmediato gracias a los uniformes que estos llevaban. Así mismo, expuso que durante su traslado en el vehículo notó que se hacían paradas cada tanto y que se cargaban a otras personas en las mismas condiciones que él. De esta manera fue llevado al entonces Centro Clandestino de Detención (CCD) conocido como La Escuelita de Famaillá y sometido a vejámenes cotidianos. En aquél lugar, a pesar la imposibilidad de poder ver a su entorno y agresores, tenía el pequeñísimo provecho de poder conversar por lo bajo con otras personas detenidas cuando los militares no se encontraban cerca. Fue así como pudo advertir mientras hablaba con una de ellas, que se trataba de Ángel, su tío.
“Un cura nos hacía rezar en La Escuelita”, contaba Benigno. El sacerdote se encargaba de esparcir la fe, misericordia y arrepentimiento en aquellos espacios colmados de suplicios incesantes.
Ángel Oscar Villavicencio es un hombre que fue secuestrado de la misma manera que su sobrino Benigno y posiblemente entre los mismos días. Ambos compartieron espacios de detención, por momentos sin saberlo dado que los sometidos a mortificaciones estaban siempre vendados. Benigno Pereyra contó que cuando fue trasladado al Penal de Villa Urquiza estaba en calidad de preso común y por lo tanto podía recibir visitas, entonces fueron sus familiares quienes le informaron que su tío también se encontraba detenido en el mismo lugar.
Para complementar el relato de Benigno, cabe destacar la denuncia de Ángel Oscar, en la que señala la participación protagónica del gran referente en actos represivos del contexto: Roberto Heriberto Albornoz. El sujeto, fue partícipe  en las torturas de la víctima y también le obligó en la Jefatura de la Policía a firmar un papel sin leerlo, bajo la amenaza de que si no lo hacía, volvería a La Escuelita, lo cual efectivamente ocurrió ya que Ángel se negó a hacerlo. Luego fue nuevamente sometido a torturas en el CCD donde escuchaba también la voz de Albornoz. Como consecuencia de los martirios, Ángel quedó con un alto grado de sordera y las costillas rotas.
Benigno Pereyra y Ángel Villavicencio estuvieron detenidos ilegalmente durante ocho años.
 
 
 
 
El segundo relato de la mañana fue realizado por Nélida del Valle Carabajal, quien fue citada a declarar por el secuestro de su vecino Fermín Ángel Nuñez. La mujer dijo que su esposo Juan Ángel Coria también fue secuestrado pero que nunca se animó a declarar por el miedo que tenía, miedo de que vuelva a pasar. Fermín y Juan Ángel se conocieron en el barrio y trabajaron juntos en el mercado de abasto. Cuenta Nélida que vivía junto a Coria y sus tres hijos, y que una noche entraron a su domicilio “muchos hombres con muchas armas” buscando al hombre. La mujer recuerda haber tenido la terrible sensación de que los iban a matar a todos allí dentro, abundaban armas apuntándolos y dándoles órdenes. Una de sus hijas salió corriendo empujando a los invasores y logró refugiarse en la casa de su abuela que vivía cerca. A Nélida la obligaron a regresar a la cama y los sujetos se llevaron forzosamente a Coria. La mujer iba a buscarlo siempre a la comisaría pero le decían que su esposo no se encontraba allí. Un día éste volvió y le contó que además de haber estado detenido en las peores condiciones, compartió cautiverio con Fermín Nuñez. Los torturadores le hacían interrogatorios para probar si reconocía a su vecino.


Por otro lado y fuera de la narración de Nélida, la historia de Fermín contiene muchos más detalles del horror. Fermín militaba en el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) y ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), y fue secuestrado a golpes mientras trabajaba. Lo mantuvieron bajo tortura en la Jefatura de la Policía, lugar en el que Albornoz se apropió de sus objetos personales y también de plata que correspondía a la empresa COOTAM donde trabajaba Fermín. También estuvo detenido en el penal de Villa Urquiza como preso común y recibiendo visitas, hasta que volvieron a secuestrarlo de allí para ser sometido a tratos brutales en la Jefatura de la Policía nuevamente. Luego se lo llevaron a la escuelita de Famaillá, donde era picaneado sucesivamente y torturado hasta que perdía el conocimiento. En la escuelita escuchaba los gritos y alaridos de otras personas, entre ellas muchas mujeres embarazadas que rogaban por su condición. Los excesos y crueldades eran supervisados por un médico que controlaba los límites de la resistencia de las víctimas. Además de los tormentos físicos, sufrió cruelmente la violencia psicológica todos los días, un ejemplo de ello es la ocasión en la que su padre fue torturado en frente de él. A Nuñez le mostraron también los cuerpos en mal estado de una mujer de alrededor de 30 años y un joven de unos 25. Tiempo después, denunció que sus principales torturadores fueron Albornoz y los policías Carrizo, Figueroa, Marcote, Hidalgo, Pacheco y Olmos.
Fermín fue traslado nuevamente a Villa Urquiza y por último al penal de Rawson, estando así más de 7 años detenido.

miércoles, 22 de marzo de 2017

Relato 350

Por Hugo Hernán Díaz para El Diario del Juicio

Mario Ernesto Medina tiene 65 años, ingresa rápidamente a la sala principal del Tribunal Oral Federal de Tucumán y tras algunos inconvenientes con el micrófono comienza a declarar.
El C.P.N. recuerda haber iniciado el servicio militar obligatorio un 2 de febrero de 1976. El mismo tuvo lugar en el Comando de la V Brigada de Infantería y sus tareas eran generalmente las de limpiar pisos y baños. Junto a él iniciaron el servicio militar un grupo de 90 profesionales (contadores, biólogos, abogados, etc.) entre los que se encontraban Raúl Topa, Alberto Nova, Jorge Jiménez, Raúl Fiori, Oscar Castillo, entre otros. Estos conscriptos presentaban una particularidad, por las noches eran enviados a dormir a sus hogares.
Fue un 24 de marzo de 1976 cuando curiosamente les habían pedido que se queden despiertos. En esa madrugada se inició el golpe.  Aproximadamente a las 4:30 de la mañana el teniente coronel, Mario Albino Zimmerman, Jefe de la Policía, solicitó 4 abogados y 4 contadores. Los sacaron de sus viviendas y los condujeron en un colectivo militar al subsuelo de la Casa de Gobierno de la provincia. Allí los tuvieron hasta las 9:30, horario en el que serían trasladados a la sede de Fiscalía de Estado. En este lugar fueron recibidos por José Roberto Abba (uno de los imputados en el actual juicio). Pasada una hora de tenerlos parados sin mencionar palabra alguna e incluso sin levantar la mirada Abba soltó su lapicera azul y comenzó a insultarlos, en un franco intento de intimidación. “Vestía de uniforme de combate y botas oscuras. Tenía un particular manojo de llaves con una cruz esvástica”.
En Fiscalía, “el mudo”, como los conocían sus compañeros de militancia universitaria, se desempeñó como contador. En relación a este lugar agregó, “era como la época de Hitler, las relaciones eran totalmente verticales”, sumando a esto que vio personas estaqueadas en esa institución.
El 28 de mayo de ese año Medina fue secuestrado de la casa de sus padres. Habían rodeado la vivienda, se llevaron libros y a sus padres les dijeron que debían detenerlo para averiguar sus antecedentes. A continuación de su secuestro levantaron a un señor quien era sastre del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) y a una chica. Los tres fueron llevados a la facultad de Educación Física.
Luego de estar cinco días en la EUDEF (actual FACDEF), fue trasladado al centro de detención clandestina Arsenal Miguel de Azcuénaga. En este lugar era constantemente golpeado, lo acusaban de formar parte del ERP, sin embargo Medina solo tenía militancia universitaria. “Allí me quemaron la cara y los genitales”. Fueron 101 días en total los que estuvo secuestrado. Además de las torturas constantes, Medina contó que permaneció inmerso en un profundo dolor que debilitó su voz que durante ese lapso de tiempo se bañó dos veces y fue rapado porque tenía piojos.
Aquel joven conscripto recuperó la libertad el quinto día del mes de septiembre. No obstante dos días posteriores a su liberación se le comunicó que debía volver al servicio militar. En esta oportunidad se le asignaría la tarea de cuidar a 38 presos comunes que provenían de la cárcel de Villa Urquiza.

Una vez que fue dado de baja comentó Medina que lo seguían a todas partes e incluso le intervinieron el teléfono hasta el gobierno de Alfonsín.

sábado, 18 de marzo de 2017

Inspecciones oculares – Policía Federal y Hospital Militar.

Por Fabiana Cruz y Hugo Hernán Díaz para El Diario del Juicio.

A media mañana y bajo una llovizna intensa el tribunal a cargo del Juez Gabriel Casas se constituyó en primera instancia en calles Santa Fe y Maipú (sede de la Policía Federal). Allí aguardaba Lilian Reynaga, quien estuvo prisionera en aquella institución entre el 22 y el 26 de julio de 1975, trasladada posteriormente al “Buen Pastor”.
La mujer ya había exigido en oportunidades anteriores que se tome en cuenta la labor de la PF, funcional al Operativo Independencia. “¿Por qué la Policía Federal quedaba tan tapada? Acá torturaron muchísima gente, y entro esos muchos estuve yo”.
Ya dentro del lugar Lilian recorrió y reconoció los espacios (celdas, habitaciones, escaleras, oficinas) donde fue torturada y a pesar de lo fuerte del momento lo consideró necesario; una reivindicación que tenía que darse. Si bien el edificio sufrió muchos cambios en la infraestructura aún queda el olor de la injusticia, el dolor y la sangre derramada injustamente por los compañeros. 
Finalmente en diálogo con la prensa la manifestó: “Esto es parte de seguir buscando la verdad”.
Ph Elena Nicolay


Unas desvencijadas construcciones en las calle Italia y Viamonte, distan mucho de lo que fueron en el pasado: el Hospital Militar de Tucumán. Aquellas estropeadas paredes, los herbajes crecidos sin reparo y la lluvia que no cesaba, creaban un clima de frialdad en un contexto donde tres testigos explicaban la funcionalidad de esas estructuras en el año 75 durante el Operativo Independencia. Se trata de Rubén Juárez, Roberto Mario Sosa y Guillermo D’Hiriart. En ese tiempo Rubén había cumplido la conscripción y debía prestar servicios en el Hospital Militar, siendo encargado de manejar la ambulancia que trasladaba heridos y muertos. Recuerda bien el hospital y cómo estaban dispuestas las diferentes áreas; habían oficinas administrativas, un espacio físico donde depositaban los heridos en camillas, una morgue que también funcionaba como laboratorio, y también una pista donde estacionaban helicópteros que traían como carga personas muy heridas y otras ya fallecidas. El hombre señaló cada uno de los lugares y llevó a la comitiva de jueces, abogados y periodistas a cada punto para que todos pudieran observar aquéllos sitios siniestros. Rubén contó también que existía una "piletita" donde se lavaban los cuerpos que llegaban, la cual ya no se encuentra como muchas otras instalaciones. Además, explicó que la atención médica era tanto para los heridos por el operativo como para los familiares de militares.
Roberto Mario Sosa es un testigo sobreviviente, fue detenido ilegalmente en el año 75, recibió torturas y debido a una herida de bala estuvo internado en el hospital militar. El hombre declaró por la misma causa en octubre de 2016. Sosa relató ante todos que luego de ser hostigado cruelmente en la Jefatura de la Policía, fue trasladado al hospital militar, en donde le ataron los pies a una camilla, además destacó que la enfermera que lo cuidaba “tenía muchísimo miedo” cuando aparecían los militares. Aquélla mujer le había preparado un café, y luego de tantos padecimientos, para él había sido “el café más rico del mundo”.
Ph Elena Nicolay
Por otra parte, Guillermo D’Hiriart quien también ya declaró en la megacausa por la desaparición de su hermano José D’Hiriart, habló a los jueces y abogados acerca de las cuestiones que tuvo que sobrellevar su padre en la búsqueda del cuerpo de José. La familia nunca descansó y recolectó información con los nombres y apellidos de todo el personal que trabajó en el hospital, donde quedó registrado el paso de José por la institución así como su fallecimiento. Sin embargo nunca pudieron recuperar el cadáver, por lo que continúa desaparecido.


Cada uno de los testigos que hizo el recorrido por el hospital militar estuvo acompañado por algún familiar, que al finalizar la jornada dio el abrazo reconfortador. Los escombros y el cielo gris, acompañaron una frase que se escuchó en uno de los pasillos: “cuánto dolor hay aquí”.

jueves, 16 de marzo de 2017

Reconstruyeron el circuito del horror

Por Sofia Romera Zanoli para El Diario del Juicio

Testigos sobrevivientes,  jueces, abogados y psicólogos recorrieron los  distintos centros clandestinos de detención y bases militares del sur tucumano que formaron parte del circuito represivo, de las fuerzas armadas, que funcionó en Tucumán  durante febrero del 75 hasta el golpe de Estado del 24 de marzo del 76.
Caspinchango, la Comisaría y la Escuela Lavalle de Famaillá, Ingenio La Forterita y  el de Santa Lucía, fuero los lugares visitados como parte del proceso judicial denominado Operativo Independencia en el que se juzga a 19 ex miembros de las fuerzas armadas por la comisión de  crímenes de lesa humanidad.

 “Es importante que el tribunal se constituya en el territorio donde ocurrieron la mayoría de los hechos que se investigan en este debate, que muestra a la ciudad de Famaillá como centro de operaciones de las fuerzas armadas durante el Operativo Independencia”, explicó la Fiscal Ad Oh Julia Vitar

“Pudimos darnos cuenta a partir de los relatos de los testigos, la proximidad que existía entre las bases militares instaladas en los ingenios y los centros de detención clandestina y tortura (que funcionaban tanto en los ingenios como en la escuela y la comisaría), y como se fueron desarrollando en conexión con la ruta y los cerros, para que el ejército pueda imponer el control absoluto sobre las poblaciones que se encontraban en el pedemonte del cerro tucumano”, sostuvo Vitar.
La Fiscal señaló que la  “particularidad del juicio es que los casos que se abordan son de represión rural, donde el alojamiento más permanente fue en "La Escuelita de Famaillá” y puntualizó que  “las bases eran el primer filtro de actividad de inteligencia: una persona que vivía en Caspinchango, era secuestrada y llevada a la base. De acuerdo con la información que se obtenía bajo tortura, se decidía si seguía siendo estudiada y pasaba a la Escuelita o si era liberada”.

Después de 41 años 
Ph Elena Nicolay


Enrique Antonio Amaya, volvió a recorrer el circuito donde estuvo detenido después de 41 años,  es uno de los sobrevivientes que pasó por todos estos lugares cuando fue secuestrado en distintas ocasiones durante 1975, con tan solo 20 años. “Había militares por todas partes. Nos llevaban de un lado a otro, nunca nos dejaban en un solo lugar y cuando nuestros padres iban a preguntar por nosotros decían que no sabían nada”, relató

Amaya pudo reconocer cada uno de los lugares donde permaneció en cautiverio y donde fue víctima de torturas, entre ellos la Comisaría de Famaillá, donde fue alojado en el mes de marzo y  pudo ver y escuchar a muchas otras personas que estaban detenidas con él.


Caspinchango

Ph Elena Nicolay
José Antonio Infante, otro de los testigos se encontraba en  el servicio militar obligatorio cuando fue destinado a la zona de operaciones del Operativo Independencia en 1975.
Infante pudo recordar que le ordenaron la custodia de Horacio Armando Milstein, baleado por miembros del ejército argentino en una emboscada producida en las inmediaciones de esa localidad, cerca de la ‘chimenea mota’, perteneciente a un viejo ingenio. Milstein  es víctima de esta causa y continúa desaparecido.
Ph Elena Nicolay
Por su parte,  José Mustafa otro de los testigo, contó a los jueces que en esos momentos era “difícil llevar adelante las tareas diarias porque había muchos enfrentamientos”.
Ambos señalaron un camino que  los llevaba hacia el chalet del ingenio donde estaba la base militar, galpones donde dormían los soldados, casitas de madera para los trabajadores y una escuela que funcionaba como lugar de tortura. Todo fue destruido.





Escuela Lavalle 

Ph Elena Nicolay
A principios de 1976, José Díaz  y Raúl Barboza estuvieron detenidos juntos en una de las  aulas. Barboza recordó que mientras lo interrogaban pudo ver a Díaz sentado a su lado con los ojos vendados. Ambos fueron torturados en esta escuela.
Barboza pudo ver que una persona estaba tirada en el piso del baño








Ingenio  La Froterita

Los testigos Ricardo Reinaldo Mercado y Amaya señalaron que en los terrenos del ingenio funcionaba una base militar, tomaron como punto de referencia una laguna que aún se encuentra allí, para marcar el lugar donde se ubicaban las carpas de los soldados. También reconocieron ‘los conventillos’ (casas que utilizaban los trabajadores que llegaban al ingenio por temporadas) como el sitio donde fueron torturados.

miércoles, 15 de marzo de 2017

Entre pequeños sirvientes y helicópteros fantasmas.

Por Fabiana Cruz y Hugo Hernán Díaz para El Diario del Juicio
Ph Elena Nicolay
En una escuelita que todavía no había sido inaugurada, un muchachito de apenas unos 14 años aguardaba que un grupo de militares le recibieran la comida que su madre les había preparado. Mientras tanto, escuchaba gritos desgarradores que provenían del jardín de infantes. El jovencito sabía que allí tenían lugar torturas y hostigamientos; sabía también, que cuatro aulas del lugar eran destinadas a ser "salas de detención". Los había visto. Había contemplado a las personas que padecían en esas aulas, estaban todos igualmente sucios y deteriorados, atados de manos y pies. Cuando la espera terminaba y los militares finalmente se le acercaban, era incapaz de mirarlos a los ojos.
“Un tal Raúl era el más malo”. Incluso algunos miembros del ejército bromeaban con que el tamaño de las manos de este hombre no se correspondía con el daño que producían. Después de que le recibían la comida, el muchacho volvía a su casa con su madre y sus cuatro hermanos.
Desde que en 1975 fue ordenado el “Operativo Independencia” por María Estela Martínez de Perón, los hombres de verde se establecieron en diferentes instituciones de la provincia de Tucumán, entre ellas, la Escuela Diego de Rojas, conocida como “La Escuelita de Famaillá”. La historia de una familia que era obligada a “servir a la Patria” a través de la provisión de alimentos a los militares, sin retribución alguna, evidencia uno más de los mecanismos de terror implantados en la época.
Los hermanos habían prometido a su madre que nunca hablarían del tema con nadie ya que la mujer temía por la seguridad de sus hijos, pues estos habían sido testigos del horror en Famaillá, de los asesinatos, las torturas, los secuestros y la impunidad. A pesar de los 41 años transcurridos, los hermanos no han hablado del tema ni entre ellos mismos. No obstante, quebrando este juramento, han narrado sus historias por separado en el marco del juicio por crímenes de lesa humanidad.
Por el 75, la familia sólo tenía que atravesar una calle para llegar a la Escuelita de Famaillá, pues vivían al frente. Aquél espacio fue ocupado primero por la Policía Federal y luego por el Ejército Argentino. Estos grupos, apenas se hallaron establecidos en la escuelita, obligaron a la mujer viuda y madre de 5 hijos, que sobrevivía gracias a una despensa, a prepararles la comida todos los días a los grupos militares que comandaban allí. Los de mayor rango comían en el hogar de la familia, mientras que los de jerarquías más bajas lo hacían en la escuelita. Uno de los hijos, era obligado a ingresar al establecimiento y entregarles el almuerzo y la cena a los hombres que allí se desempeñaban. Las reglas eran claras: llevar los alimentos, esperar y no mirar. Tenía 14 años y era el único autorizado para entrar en aquél Centro Clandestino de Detención, ni siquiera sus hermanos podían acompañarlo. Como si eso fuera poco, en varias ocasiones, el joven fue obligado a presenciar las torturas allí ejecutadas. A pesar de que hoy persiste el dolor, y que la resistencia del cuerpo para recordar aquellos hechos traumáticos todavía es fuerte. El mismo sujeto que actualmente es un hombre mayor, relató en su domicilio que hace unas semanas mediante un sueño recordó una de las torturas más horrendas que fue obligado a presenciar. En un día de mucho frío, le dijeron que observara bien, mientras sumergían a una persona en un tacho lleno de agua e hielo, y cuando la persona salía a la superficie casi ahogada, con el impulso desesperado de tomar una bocanada de aire, lo picaneaban. A su corta edad, vio también cómo golpeaban salvajemente una mujer a la que le decían “la guerrillera”. Además eran constantes los chirlos, gritos y trompadas en la escuelita.
Pero el recuerdo más aterrador, fue en una noche de su rutina cuando entregaba la cena. Se escuchó el sonido de un helicóptero y todos los militares salieron rápidamente, obligándolo al joven a permanecer quieto. Allí fue testigo de cómo estos hombres trasportaban carretillas con grandes bolsas blancas, y cómo las mismas eran subidas de inmediato al helicóptero. Esos costales contenían cuerpos, estaba seguro, había grandes bultos inmóviles allí dentro.
Por otra parte, en el pueblo se encontraba en boca de todos, el relato del “helicóptero fantasma”. El mismo se había convertido en una especie de leyenda. Toda la comunidad escuchaba sonidos de helicópteros pero nunca nadie podía divisarlos. Generalmente se atribuía estos ruidos a los miembros del ERP (ejército revolucionario del pueblo), estaba la idea de que sobrevolaban la zona, sin embargo nadie veía realmente nada. En una ocasión en que los militares estaban en la casa de la familia, comenzaron a escucharse los ruidos una vez más, y éstos obligaron a todos a permanecer debajo de las camas o mesas, mientras ellos salían corriendo en zigzag y disparando al aire. Con la inocencia y la curiosidad propias de unos niños, estos desobedecieron la orden y subieron rápidamente a la terraza. Sin embargo no había nada, ningún helicóptero, sólo ruidos.

Por último, antes de concluir su testimonio los testigos pidieron al Juez Casas que esta sea la última ocasión en que se les exija prestar declaración debido a que es mucha la exposición a la que se debió someter la familia, además de las claras heridas que les causa recordar estos años de esclavitud y terror. 

miércoles, 8 de marzo de 2017

“Terrorista muerto por patrulla militar”

Por Fabiana Cruz y Hugo Hernán Díaz para El Diario del Juicio

Con ese título fatal el diario tucumano “La Gaceta”, daba a conocer en su primera página la muerte de José Desiderio Medina Gramajo, y otro vecino de la ciudad de Monteagudo, un 27 de abril de 1975, en la provincia de Tucumán. La noticia, traía consigo la fotografía del cadáver del hombre tumbado en el suelo, donde se señalaba lo siguiente: “Cadáver del guerrillero José D. Medina Gramajo muerto durante un enfrentamiento con una patrulla militar en la zona de operaciones del Ejército”. Además en el cuerpo de la información, se explicaba lo siguiente: “En circunstancias que efectivos del Ejército se encontraban cumpliendo una misión de patrullaje durante la noche del 25 al 26 de abril en la zona serrana, sorprendieron a un individuo en actitud sospechosa, que sin mediar orden de arresto ni intimación abrió fuego sorpresivamente con un revólver que extrajo de sus ropas, los efectivos militares respondieron al fuego dando muerte al sujeto mencionado que resultó ser José Desiderio Medina Gramajo”.
41 años después los familiares de José D. Medina Gramajo van poco a poco desarmando el relato cómplice construido por el diario La Gaceta, medio funcional al gobierno antidemocrático de los años 1970. Los testigos que se acercaron al TOF en esta ocasión fueron: Felipe Medina Gramajo (hermano de la víctima) y Sandro Medina Gramajo (hijo de la víctima).
“Pituca”, como lo reconocían sus amigos, tenía 31 años de edad para 1975, vivía en El Rodeo junto a su esposa y tres hijos, siendo el más grande no mayor a cinco años. Trabajaba como jornalero, sus tareas más frecuentes eran el desmonte y el cuidado de animales. El día 26 de abril se encontraba descansando en su domicilio, cuando un grupo de sujetos ingresó blandiendo sus armas de fuego y se lo llevaron detenido, mientras que a sus familiares los dejaron encerrados en la vivienda. Al cabo de unos minutos después del secuestro, se escucharon numerosos disparos. Pasaron las horas y los familiares se animaron a salir de la casa, a unos doscientos metros encontraron un charco de sangre donde seguramente habría sido fusilada la víctima.
Al día siguiente, se hizo pública la muerte de José en La Gaceta, con referencias totalmente diferentes a las que narraron los testigos.
Felipe Medina Gramajo reveló a los jueces que no sabe leer, fue por ese motivo que cuando aquél 27 de abril del 75 le mostraron el informe del diario, sólo pudo reconocer en la imagen el cuerpo de su hermano muerto. Su madre, por otra parte realizó todas las gestiones para dar con los restos y saber también qué había pasado con su hijo, pero jamás alcanzó resultados positivos.
Cuenta además Felipe que el día del secuestro, José tenía una camisa de jean y un pantalón azul, pero que en la fotografía estaba con una indumentaria totalmente distinta. Lo habían cambiado.
Sandro Medina Gramajo manifestó que para poder criar a sus hermanas y a él, su madre comenzó a trabajar en el campo, haciendo queso, por lo que ellos quedaban al cuidado de su abuela paterna. También relato que actualmente persiste un pequeño monumento a su padre en el lugar donde fue encontrado.
Ph Elena Nicolay
“Esto le hace mucho mal a mi vida. Me crié solo con mi madre, quiero que se haga justicia”.

martes, 7 de marzo de 2017

El maestro de pueblo

Por Exequiel Arias para El Diario del Juicio

Archivo H.I.J.O.S. Tucumán
Lorenzo Nolasco Medina relató al Tribunal que en el año 1975 vivía en Buena Vista (Simoca) junto a su padre, madre y ocho hermanos. Pedro Antonio Medina era el mayor, trabajaba como maestro y se había casado con Ana María Mrad unos días antes de su secuestro. “La última vez que lo vi fue el 30 de enero” dijo el testigo. Según la declaración, Pedro se encontraba en Simoca, sobre la ruta 157, y se dirigía a la ciudad de San Miguel para visitar a su suegro. Vecinos del lugar le comentaron a la familia que vieron por última vez a Pedro cuando subió a una camioneta rastrojera, frente al cementerio de la zona.
Lorenzo contó que no recordaba si su hermano tenía actividad política. Sin embargo, según consta en un expediente de la causa “Operativo Independencia” (401015/2004), Pedro Antonio militaba en Montoneros. De acuerdo al mencionado expediente, el 9 de febrero de 1975 dos vehículos particulares interceptaron a la rastrojera blanca en la que Pedro se trasladaba junto a Guillermo Eduardo Díaz Nieto y José Teodoro Loto, también integrantes de la organización. De los vehículos bajaron varios policías de la provincia y forzaron a los tres hombres a subir a uno de los coches. Posteriormente, se cree que fueron trasladados a la Delegación Tucumán de la Policía Federal, donde habrían sido torturados hasta morir.
El testigo contó al Tribunal que, en torno a la fecha del secuestro, la familia temía realizar denuncias por el clima político y social que se vivía en la provincia. En lo jurídico, presentaron un hábeas corpus en el año 1981. Sin embargo, jamás tuvieron noticias de Pedro o de su compañera, Ana María, quien también fue secuestrada meses después en el ‘75.


El circuito del terror
Desde Comodoro Py, Rubén Clementino Ferreyra contó al público todo lo que recordaba sobre su secuestro. En el año 1975, vivía en el Ex Ingenio San José. Trabajaba para una empresa que construía los instrumentos y la maquinaria para la industria azucarera y no participaba en actividades sindicales ni tenía participación política. El testigo relató que el 3 de mayo de ese año se encontraba junto a su esposa y su suegra -Argentina Irene Pérez y María Murúa, respectivamente- en la casa de esta última en Yerba Buena. Por la madrugada, irrumpieron en el domicilio hombres vestidos de civil, que no portaban armas pero que aseguraban ser de la policía. “Ingresaron rompiendo la puerta a golpes”, recordó el testigo, “no mostraron ninguna orden, destrozaron cosas, nos trataron mal”. Rubén Clementino narró que le pusieron la funda de una almohada en la cabeza y lo subieron a un vehículo. No sabe con certeza, pero cree haber sido el primero al que secuestraron, ya que luego recorrieron otros lugares para “cargar” a más personas en el automóvil.
Tal como ocurrió a muchas víctimas del terrorismo de Estado durante el Operativo Independencia, Rubén Clementino fue trasladado a distintos lugares a lo largo del circuito represivo. En primera instancia, fue llevado al CCD ubicado en la Escuela Diego de Rojas, conocido como “La Escuelita de Famaillá”. Allí, relató, lo tuvieron durmiendo en el piso en condiciones higiénicas lamentables y fue víctima de malos tratos por sus captores todo el tiempo. El testigo contó al Tribunal que fue sometido a los temidos interrogatorios, donde sufrió sesiones de tortura y picana eléctrica en la boca y en los testículos, además de recibir fuertes golpizas en el cuerpo y en el cráneo. En una oportunidad, recordó, le asestaron un golpe tan fuerte en la cara que le quebraron el tabique de la nariz. También relató que escuchaba los gritos de dolor de otros detenidos en aquel lugar.
Desde la Escuelita, Rubén Clementino fue llevado al CCD Jefatura de Policía, donde le sacaron la funda que le cubría la cabeza y pudo reconocer a Roberto Heriberto Albornoz. El genocida, que era conocido en San José, recibió a Ferreyra y firmó un informe donde se asentaba que el testigo fue “conducido por las fuerzas ‘TAREA’ y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”. Un tiempo después, el 23 de mayo de 1975, es trasladado a la unidad penitenciaria de Villa Urquiza, donde se registró su ingreso “a disposición de PEN” por “Enc. Elementos del ERP”, según se lee en la “Nómina de Personal Subversivo puesto a disposición del PEN”, documento de la época. De allí fue llevado a Resistencia (Chaco), donde también fue víctima de golpizas y torturas. Finalmente, fue trasladado a la Unidad Penitenciaria de La Plata, lugar en el que se entrevistó con el Juez Mario Martínez y donde le fue concedida la libertad el 3 de octubre de 1979.
En total, Rubén Clementino estuvo detenido ilegalmente por 4 años y 5 meses.



Ph Elena Nicolay